El estatuto del personal al servicio de las Administraciones Públicas está regulado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP). Es la norma esencial para el Administrativo de la Seguridad Social porque fija su clasificación profesional, sus derechos y deberes, su carrera y su régimen disciplinario. Descansa sobre el marco constitucional: el art. 23.2 CE reconoce el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, y el art. 103.3 CE ordena el acceso a la función pública conforme a los principios de mérito y capacidad, en conexión con la Ley 39/2015 (procedimiento) y la Ley 40/2015 (régimen jurídico del sector público).
El art. 8 TREBEP clasifica a los empleados públicos en cuatro clases: funcionarios de carrera (vinculados por una relación estatutaria de Derecho Administrativo y carácter permanente, art. 9), funcionarios interinos (nombrados por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, con un máximo de tres años en plaza vacante, art. 10), personal laboral (fijo, indefinido o temporal, mediante contrato escrito, art. 11) y personal eventual (de confianza o asesoramiento especial, de nombramiento y cese libres, art. 12). El art. 13 regula además el personal directivo profesional, sujeto a evaluación de eficacia y eficiencia.
La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de cuatro requisitos del art. 62 TREBEP: superación del proceso selectivo, nombramiento por el órgano competente, acatamiento de la Constitución y toma de posesión dentro del plazo. Para participar en los procesos selectivos se exige (art. 56) la nacionalidad española, capacidad funcional, tener cumplidos dieciséis años, no haber sido separado por expediente disciplinario y poseer la titulación requerida. La condición se pierde (art. 63) por renuncia, pérdida de la nacionalidad, jubilación, sanción disciplinaria de separación del servicio firme o pena de inhabilitación firme.
Los derechos individuales aparecen en el art. 14: inamovilidad en la condición, progresión en la carrera, percepción de retribuciones, formación continua, conciliación, vacaciones, permisos y licencias, entre otros. El art. 15 recoge los derechos ejercidos colectivamente (libertad sindical, negociación colectiva, huelga, conflicto colectivo y reunión). Frente a ellos, el Código de Conducta impone deberes:
La carrera administrativa (art. 16) puede ser horizontal (progresión de grado sin cambiar de puesto, art. 17), vertical (ascenso en la estructura de puestos), o mediante promoción interna vertical y horizontal (art. 18, con al menos dos años de antigüedad). El art. 20 establece la evaluación del desempeño. El art. 76 clasifica los cuerpos en grupos según la titulación: A1 y A2 (título de Grado), B (Técnico Superior), C1 (Bachiller o Técnico) y C2 (Graduado en ESO). El cuerpo de Administrativo se encuadra en el Subgrupo C1, para el que se exige el título de Bachiller o Técnico.
Las situaciones administrativas del art. 85 son: servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia y suspensión de funciones. La excedencia (art. 89) admite las modalidades por interés particular (exige cinco años de servicios previos), agrupación familiar, cuidado de familiares (hasta tres años) y por razón de violencia de género o terrorista. El régimen disciplinario (arts. 93 a 98) clasifica las faltas en muy graves, graves y leves (art. 95). Las sanciones del art. 96 van desde la separación del servicio (solo por faltas muy graves) y la suspensión firme de funciones (máximo seis años), hasta el traslado forzoso, el demérito y el apercibimiento. La prescripción (art. 97) de las faltas es de tres años (muy graves), dos años (graves) y seis meses (leves).
En materia de jornada y permisos, el art. 50 reconoce veintidós días hábiles de vacaciones anuales. El art. 48 regula los permisos: tres o cinco días hábiles por fallecimiento o enfermedad grave de familiar de primer grado, un día por traslado de domicilio, seis días de asuntos particulares y permiso por lactancia de hijo menor de doce meses. El art. 49 establece el permiso por nacimiento (dieciséis semanas, con seis obligatorias e ininterrumpidas tras el parto), por adopción, el del progenitor diferente de la madre biológica (intransferible) y el permiso por razón de violencia de género.
1. Según el artículo 55 de la Ley 39/2015, el período de información o actuaciones previas tiene como fin:
El artículo 55 de la Ley 39/2015 permite abrir, con anterioridad al inicio, un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
2. Antes de iniciar un procedimiento, y ante una urgencia inaplazable, un órgano adopta medidas provisionalísimas. ¿En qué plazo debe efectuarse el acuerdo de iniciación que las confirme, modifique o levante?
Según el artículo 56 de la Ley 39/2015, las medidas provisionalísimas deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción.
3. Conforme al artículo 57 de la Ley 39/2015, el acuerdo de acumulación de procedimientos:
El artículo 57 de la Ley 39/2015 dispone que el acuerdo de acumulación no será susceptible de recurso. Procede cuando los procedimientos guarden identidad sustancial o íntima conexión y sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver.
4. Según el artículo 58 de la Ley 39/2015, los procedimientos se inician de oficio por acuerdo del órgano competente por alguna de estas vías, EXCEPTO:
El artículo 58 de la Ley 39/2015 enumera la propia iniciativa, la orden superior, la petición razonada de otros órganos y la denuncia. La solicitud del interesado es una forma de iniciación distinta (a instancia de parte), no de oficio.
5. De acuerdo con el artículo 61 de la Ley 39/2015, la petición razonada es:
El artículo 61 de la Ley 39/2015 define la petición razonada como la propuesta de iniciación formulada por cualquier órgano que no tiene competencia para iniciar pero ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos.
6. Un ciudadano presenta una denuncia poniendo en conocimiento de la Administración un hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio. ¿Qué efecto tiene la denuncia respecto de su condición?
El artículo 62 de la Ley 39/2015 establece que la presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.
7. Según el artículo 63 de la Ley 39/2015, los procedimientos de naturaleza sancionadora:
El artículo 63 de la Ley 39/2015 dispone que los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente, garantizando la separación entre la fase instructora y la sancionadora.
8. Según el artículo 66 de la Ley 39/2015, cuando las pretensiones de varias personas tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar:
El artículo 66 de la Ley 39/2015 permite que, cuando las pretensiones de varias personas tengan contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, puedan formularse en una única solicitud.
9. Una solicitud no reúne los requisitos exigidos. Según el artículo 68 de la Ley 39/2015, ¿de qué plazo dispone el interesado para subsanar la falta o acompañar los documentos preceptivos?
El artículo 68 de la Ley 39/2015 establece que se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si no lo hiciera se le tendrá por desistido.
10. Conforme al artículo 69 de la Ley 39/2015, la declaración responsable es:
El artículo 69 de la Ley 39/2015 define la declaración responsable como el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos establecidos en la normativa vigente, que dispone de la documentación que lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento.
11. Según el artículo 70 de la Ley 39/2015, el expediente administrativo es:
El artículo 70 de la Ley 39/2015 define el expediente administrativo como el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. Tendrá formato electrónico.
12. Según el artículo 71 de la Ley 39/2015, el procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará:
El artículo 71 de la Ley 39/2015 establece que el procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos.
13. Un interesado debe cumplimentar un trámite tras serle notificado el acto. Salvo que la norma fije plazo distinto, según el artículo 73 de la Ley 39/2015 dispone de:
El artículo 73 de la Ley 39/2015 establece que los trámites que deban cumplimentar los interesados se realizarán en el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo que la norma fije plazo distinto.
14. Según el artículo 74 de la Ley 39/2015, las cuestiones incidentales, incluso las referidas a la nulidad de actuaciones, ¿suspenden la tramitación del procedimiento?
El artículo 74 de la Ley 39/2015 dispone que las cuestiones incidentales, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del procedimiento, salvo la recusación.
15. Conforme al artículo 76 de la Ley 39/2015, los interesados pueden aducir alegaciones y aportar documentos:
El artículo 76 de la Ley 39/2015 permite a los interesados, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.
16. El instructor acuerda abrir un período de prueba porque la Administración no tiene por ciertos los hechos. Según el artículo 77 de la Ley 39/2015, su duración será:
El artículo 77 de la Ley 39/2015 establece que el instructor acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez.
17. Según el artículo 77 de la Ley 39/2015, el instructor solo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando:
El artículo 77 de la Ley 39/2015 dispone que el instructor solo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.
18. Conforme al artículo 80 de la Ley 39/2015, salvo disposición expresa en contrario, los informes serán:
El artículo 80 de la Ley 39/2015 establece que, salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes.
19. Instruido el procedimiento, se pone de manifiesto el expediente a los interesados. Según el artículo 82 de la Ley 39/2015, el plazo para alegar y presentar documentos será:
El artículo 82 de la Ley 39/2015 establece que, en el trámite de audiencia, los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
20. Un órgano acuerda un período de información pública. Según el artículo 83 de la Ley 39/2015, el plazo señalado para examinar el expediente no podrá ser:
El artículo 83 de la Ley 39/2015 establece que el período de información pública se anunciará en el Diario oficial correspondiente, y el plazo señalado en ningún caso podrá ser inferior a veinte días.
21. En un procedimiento sancionador con sanción únicamente pecuniaria, el presunto responsable reconoce su responsabilidad. Según el artículo 85 de la Ley 39/2015, se aplicarán reducciones de:
El artículo 85 de la Ley 39/2015 establece que, en caso de reconocimiento de responsabilidad o pago voluntario, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, se aplicarán reducciones de, al menos, el 20% sobre el importe de la sanción propuesta, acumulables entre sí.
22. Antes de dictar resolución, el órgano acuerda realizar actuaciones complementarias. Según el artículo 87 de la Ley 39/2015, ¿qué plazo se concede a los interesados para alegar tras su finalización?
El artículo 87 de la Ley 39/2015 establece que el acuerdo de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoles un plazo de siete días para formular alegaciones tras la finalización de las actuaciones. Estas actuaciones suspenden el plazo para resolver.
23. Conforme al artículo 88 de la Ley 39/2015, la resolución que decida las cuestiones planteadas:
El artículo 88 de la Ley 39/2015 establece que la resolución será congruente con las peticiones formuladas, sin que en ningún caso pueda agravar la situación inicial del interesado, y que en ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales.
24. Según el artículo 94 de la Ley 39/2015, todo interesado podrá renunciar a sus derechos:
El artículo 94 de la Ley 39/2015 establece que todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.
25. En un procedimiento iniciado a solicitud del interesado, este lo paraliza por causa que le es imputable. Según el artículo 95 de la Ley 39/2015, la Administración le advertirá que, transcurrido cierto plazo, se producirá la caducidad. Ese plazo es de:
El artículo 95 de la Ley 39/2015 establece que en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad y se acordará el archivo.
26. Se acuerda la tramitación simplificada de un procedimiento. Según el artículo 96 de la Ley 39/2015, ¿en qué plazo deberá resolverse?
El artículo 96 de la Ley 39/2015 establece que el procedimiento simplificado deberá ser resuelto en treinta días a contar desde el siguiente al que se notifique el acuerdo de tramitación simplificada.
27. Conforme al artículo 106 de la Ley 39/2015, para declarar de oficio la nulidad de actos que hayan puesto fin a la vía administrativa, es necesario:
El artículo 106 de la Ley 39/2015 exige, para declarar de oficio la nulidad de los actos en los supuestos de nulidad de pleno derecho del art. 47.1, el previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma.
28. Se inicia de oficio un procedimiento de revisión de oficio de un acto nulo. Según el artículo 106 de la Ley 39/2015, ¿qué ocurre si transcurren seis meses desde su inicio sin dictarse resolución?
El artículo 106 de la Ley 39/2015 establece que cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad; si se inició a solicitud de interesado, se podrá entender desestimada por silencio.
29. Una Administración quiere dejar sin efecto uno de sus actos declarativos de derechos que es anulable. Según el artículo 107 de la Ley 39/2015, ¿qué debe hacer?
El artículo 107 de la Ley 39/2015 dispone que las Administraciones no podrán anular por sí mismas sus actos declarativos de derechos que sean anulables, sino que deberán, previa declaración de lesividad para el interés público, impugnarlos ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
30. Según el artículo 109 de la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción:
El artículo 109 de la Ley 39/2015 permite a las Administraciones revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que la revocación no constituya dispensa o exención no permitida ni sea contraria a la igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.
31. Según el artículo 110 de la Ley 39/2015, las facultades de revisión de oficio y de revocación o rectificación no podrán ser ejercidas cuando:
El artículo 110 de la Ley 39/2015 dispone que las facultades de revisión no podrán ejercerse cuando, por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.
32. Según el artículo 111 de la Ley 39/2015, en el ámbito estatal, ¿quién es competente para la revisión de oficio respecto de sus propios actos y de los de los ministros?
El artículo 111 de la Ley 39/2015 establece que en el ámbito estatal es competente para la revisión de oficio el Consejo de Ministros respecto de sus propios actos y disposiciones y de los actos y disposiciones de los ministros, así como, en su ámbito, los ministros y secretarios de Estado.
33. ¿En cuál de los siguientes procedimientos el silencio administrativo tiene, por excepción, efecto desestimatorio (negativo)?
El art. 24.1 de la Ley 39/2015 establece que el silencio tendrá efecto desestimatorio, entre otros, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
34. Conforme al principio de legalidad del art. 25 de la Ley 40/2015, ¿qué sanciones no se pueden imponer en ningún caso?
El art. 25.3 de la Ley 40/2015 dispone que no se podrán imponer sanciones que consistan en la privación de libertad.
35. Según el art. 112.3 de la Ley 39/2015, contra las disposiciones administrativas de carácter general:
El art. 112.3 de la Ley 39/2015 establece que contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa.