La Constitución Española de 1978 (CE) configura España como un Estado social y democrático de Derecho cuya forma política es la Monarquía parlamentaria (art. 1). El poder se articula en torno a las llamadas instituciones constitucionales (la Corona, las Cortes Generales, el Gobierno, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional) y se distribuye territorialmente en municipios, provincias y Comunidades Autónomas (art. 137).
El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia; arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales (art. 56.1 CE). Su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, ya que sus actos están siempre refrendados, careciendo de validez sin dicho refrendo (art. 56.3 CE). Conforme al artículo 64, el refrendo corresponde al Presidente del Gobierno y, en su caso, a los Ministros competentes; la propuesta y nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución del artículo 99 las refrenda el Presidente del Congreso. Entre sus funciones (art. 62 CE) figuran sancionar y promulgar las leyes, convocar y disolver las Cortes Generales, proponer y nombrar al Presidente del Gobierno y ejercer el mando supremo de las Fuerzas Armadas.
Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado (art. 66.1 CE). Ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos y controlan la acción del Gobierno (art. 66.2 CE). El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por cuatro años (art. 68 CE); el Senado es la Cámara de representación territorial (art. 69.1 CE). Sus miembros gozan de inviolabilidad e inmunidad (art. 71 CE) y no están ligados por mandato imperativo (art. 67.2 CE).
El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria (art. 97 CE). Se compone del Presidente, los Vicepresidentes en su caso, los Ministros y los demás miembros que establezca la ley (art. 98 CE). El Presidente es investido por el Congreso (art. 99 CE) y responde solidariamente de su gestión ante esta Cámara (art. 108 CE), que puede exigir su responsabilidad mediante la moción de censura constructiva por mayoría absoluta (art. 113 CE). La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales conforme a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho (art. 103.1 CE).
La justicia emana del pueblo y la administran Jueces y Magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley (art. 117 CE). El Consejo General del Poder Judicial es su órgano de gobierno (art. 122 CE) y el Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes (art. 123 CE). El Tribunal Constitucional, compuesto por doce miembros (art. 159.1 CE), conoce del recurso de inconstitucionalidad, del recurso de amparo y de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas (art. 161.1 CE).
El Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, entidades que gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses (art. 137 CE), bajo el principio de solidaridad (art. 138 CE). Los Estatutos de Autonomía son la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y se aprueban mediante ley orgánica (art. 147 CE). Las competencias se reparten entre las que pueden asumir las Comunidades (art. 148 CE) y las exclusivas del Estado (art. 149 CE). En el ámbito local, la Constitución garantiza la autonomía de los municipios (art. 140 CE) y de las provincias (art. 141 CE), desarrolladas por la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
1. Conforme al artículo 62.i) CE, el Rey ejerce el derecho de gracia con arreglo a la ley, la cual:
El art. 62.i) CE atribuye al Rey el ejercicio del derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.
2. ¿Cuál de los siguientes NO figura entre los principios de las relaciones interadministrativas del artículo 140.1 de la Ley 40/2015?
El art. 140.1 de la Ley 40/2015 recoge los principios de lealtad institucional, adecuación al orden de competencias, colaboración, cooperación, coordinación, eficiencia, responsabilidad, garantía e igualdad de derechos y solidaridad interterritorial. No existe una jerarquía normativa entre Administraciones territoriales, que se relacionan según el orden de distribución de competencias.
3. Conforme al artículo 63.3 CE, para declarar la guerra y hacer la paz, el Rey precisa:
El art. 63.3 CE dispone que al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.
4. Según el artículo 140.2 de la Ley 40/2015, la coordinación entre Administraciones implica que:
El art. 140.2 de la Ley 40/2015 define la coordinación como la obligación de una Administración, y singularmente la AGE, de garantizar la coherencia de las actuaciones de las distintas Administraciones afectadas por una misma materia para la consecución de un resultado común.
5. Conforme al artículo 64.1 CE, la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución prevista en el artículo 99 serán refrendados por:
El art. 64.1 CE dispone que la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el art. 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso.
6. El Presidente del Gobierno quiere convocar un órgano de cooperación que reúna a los Presidentes de todas las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla para tratar un asunto de interés general. ¿Qué órgano corresponde, según la Ley 40/2015?
Conforme al art. 146 de la Ley 40/2015, el órgano de cooperación multilateral que reúne al Presidente del Gobierno con los Presidentes de las CCAA y de las Ciudades de Ceuta y Melilla es la Conferencia de Presidentes.
7. Un acto formal del Rey se ha realizado sin el refrendo exigido por la Constitución y sin que concurra excepción alguna. ¿Qué consecuencia jurídica produce conforme al art. 56.3 CE?
El art. 56.3 CE establece que los actos del Rey carecen de validez sin el refrendo establecido en el art. 64, salvo lo dispuesto en el art. 65.2.
8. Un particular quiere impugnar un reglamento dictado por la Administración autonómica por considerarlo ilegal. Según el artículo 153 CE, el control de la administración autónoma y sus normas reglamentarias corresponde a:
El art. 153.c) CE atribuye a la jurisdicción contencioso-administrativa el control de la actividad de los órganos de las CCAA en lo relativo a la administración autónoma y sus normas reglamentarias.
9. El Consejo de Ministros acuerda un decreto que debe ser expedido por el Jefe del Estado. Conforme al art. 62 CE, ¿a quién corresponde expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros?
El art. 62.f) CE atribuye al Rey expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones.
10. Se pretende fiscalizar la gestión económica y presupuestaria de los órganos de una Comunidad Autónoma. Según el artículo 153 CE, ¿qué órgano ejerce este control?
El art. 153.d) CE atribuye al Tribunal de Cuentas el control de la actividad de los órganos de las CCAA en lo económico y presupuestario.
11. Según el artículo 117 CE, ¿cuál es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales?
El art. 117.5 CE establece que el principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales, prohibiéndose los Tribunales de excepción (art. 117.6).
12. Una Comunidad Autónoma incumple gravemente obligaciones que la Constitución le impone. Antes de aplicar las medidas del artículo 155.1 CE, el Gobierno debe obtener:
El art. 155.1 CE exige, previo requerimiento al Presidente de la CA que no haya sido atendido, la aprobación por mayoría absoluta del Senado para que el Gobierno pueda adoptar las medidas necesarias de cumplimiento forzoso.
13. Un ciudadano sufre un daño derivado de un error judicial declarado conforme a la ley. Según el artículo 121 CE, ¿qué derecho le asiste?
El art. 121 CE dispone que los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.
14. Según el artículo 149.3 de la Constitución, en caso de conflicto entre normas estatales y autonómicas, las normas del Estado prevalecen:
El art. 149.3 CE establece la cláusula de prevalencia: en caso de conflicto, las normas del Estado prevalecen sobre las de las CCAA en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas.
15. Conforme al artículo 122.3 CE, ¿quién preside el Consejo General del Poder Judicial?
El art. 122.3 CE establece que el CGPJ estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años.
16. Según el artículo 149.3 de la Constitución, la competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá:
El art. 149.3 CE dispone que la competencia sobre las materias no asumidas por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado (cláusula residual o de cierre).
17. Según el artículo 122.3 CE, ¿por cuántos miembros (además del Presidente del Tribunal Supremo) está integrado el CGPJ y por cuánto tiempo son nombrados?
El art. 122.3 CE establece que el CGPJ está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años.
18. Las Cortes Generales se plantean dictar una ley de armonización de las disposiciones de varias Comunidades Autónomas. Según el artículo 150.3 CE, ¿a quién corresponde apreciar la necesidad de dictarla y con qué mayoría?
El art. 150.3 CE establece que la apreciación de la necesidad de dictar leyes de armonización corresponde a las Cortes Generales por mayoría absoluta de cada Cámara.
19. Conforme al artículo 122.3 CE, de los veinte vocales del CGPJ, ¿cuántos se nombran entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales?
El art. 122.3 CE dispone que doce vocales se nombran entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, cuatro a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado.
20. El Estado ha delegado en una Comunidad Autónoma facultades del artículo 150.2 CE. Según el artículo 153 CE, ¿quién controla el ejercicio de esas funciones delegadas y con qué requisito?
El art. 153.b) CE atribuye al Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el control del ejercicio de las funciones delegadas a que se refiere el art. 150.2 CE.
21. Según el artículo 122.3 CE, los vocales del CGPJ propuestos por el Congreso y por el Senado se eligen, en ambos casos, por:
El art. 122.3 CE establece que los cuatro vocales a propuesta del Congreso y los cuatro a propuesta del Senado se eligen por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.
22. Una misma materia afecta a las actuaciones del Estado y de varias Comunidades Autónomas, y resulta necesario garantizar la coherencia del conjunto para alcanzar un resultado común. Según el artículo 140.2 de la Ley 40/2015, esta función de garantizar la coherencia se denomina:
Conforme al art. 140.2 de la Ley 40/2015, la coordinación consiste en la obligación de una Administración, singularmente la AGE, de garantizar la coherencia de las actuaciones de las distintas Administraciones afectadas por una misma materia para la consecución de un resultado común.
23. Conforme al artículo 122.2 CE, la ley orgánica establecerá las funciones del CGPJ, en particular en materia de:
El art. 122.2 CE prevé que la ley orgánica establecerá el estatuto y régimen de incompatibilidades de los miembros del CGPJ y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.
24. El Gobierno requiere al Presidente de una Comunidad Autónoma para que cumpla determinadas obligaciones constitucionales y el requerimiento es atendido y cumplido. En este supuesto, conforme al artículo 155.1 CE:
El art. 155.1 CE exige, como presupuesto de la coerción estatal, que el requerimiento previo al Presidente de la CA no sea atendido. Si el requerimiento es atendido y cumplido, no concurre el presupuesto para adoptar las medidas y la aprobación del Senado.
25. Conforme al artículo 123.2 CE, ¿cómo se nombra al Presidente del Tribunal Supremo?
El art. 123.2 CE establece que el Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
26. Las leyes marco previstas en el artículo 150.1 CE permiten:
El art. 150.1 CE permite que las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, atribuyan a todas o a alguna de las CCAA la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal.
27. Conforme al artículo 124.4 CE, ¿cómo se nombra al Fiscal General del Estado?
El art. 124.4 CE establece que el Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
28. Mediante las leyes de transferencia o delegación del artículo 150.2 CE, el Estado puede transferir o delegar a las CCAA facultades de titularidad estatal utilizando:
El art. 150.2 CE dispone que el Estado podrá transferir o delegar en las CCAA, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación.
29. Una Comunidad Autónoma tiene 3.000.000 de habitantes. ¿Cuántos Senadores designará su Asamblea legislativa conforme al artículo 69.5 CE?
El art. 69.5 CE establece que las CCAA designarán un Senador y otro más por cada millón de habitantes. Con 3 millones: 1 fijo + 3 = 4 Senadores.
30. Una Comunidad Autónoma pretende regular mediante ley propia la legislación laboral aplicable en su territorio. ¿Es ello posible conforme a la Constitución?
El art. 149.1.7.ª CE reserva al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación laboral, por lo que una CA no puede legislar sobre dicha materia.
31. En las provincias insulares, ¿cuántos Senadores corresponden a cada una de las islas mayores (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife) según el artículo 69.3 CE?
El art. 69.3 CE asigna tres Senadores a cada una de las islas mayores (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife) y uno a cada una de las restantes islas o agrupaciones.
32. La vía rápida o especial de acceso a la autonomía del artículo 151 CE permitía:
El art. 151 CE establecía un procedimiento agravado que permitía a las CCAA asumir desde el inicio el techo competencial máximo previsto en el art. 149, sin esperar el plazo de cinco años del art. 148.2.
33. Un Diputado es sorprendido cometiendo un delito que no es flagrante. ¿Qué se requiere para inculparle o procesarle según el artículo 71.2 CE?
El art. 71.2 CE establece que durante su mandato los Diputados y Senadores gozan de inmunidad; solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito y no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara (suplicatorio).
34. ¿Qué materia atribuye al Estado el artículo 149.1.1.ª CE?
El art. 149.1.1.ª CE atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.
35. Estando las Cortes fuera de período ordinario, ¿a petición de quién pueden reunirse en sesión extraordinaria según el artículo 73.2 CE?
El art. 73.2 CE permite reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras.